SEPI pagará, era la frase mas oída en la concentración celebrada hoy en la delegación de Hacienda de Sevilla, en la que se ha comunicado por parte de los representantes de Federación de Industria de CCOO de Andalucía y de UGT-MCA a los ex-trabajadores concentrados, que tras el último mes de protestas y concentraciones, por fin la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI ) aplicará a los trabajadores pre-jubilados las actualizaciones pactadas en sus expedientes de regulación de empleo.
Tras un proceso que se remonta al año 2012, miles de prejubilados de las empresas públicas que vieron cómo les congelaban las pensiones desde hace más de dos años, y venían reclamando a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales les devolviese lo que es suyo.
En abril de 2015 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación que habían interpuesto Izar Construcciones Navales y la SEPI contra la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en noviembre de 2013, que daba la razón a CCOO y que reconocía el derecho de los antiguos trabajadores de la constructora naval a que se revalorizasen sus retribuciones en función del coste de la vida, según se había acordado con los sindicatos en los procesos de re conversión de 2004.
En la tarde noche de ayer se celebró una última reunión entre el presidente de SEPI Ramón Aguirre, el vicepresidente, Federico Ferrer, los representantes de UGT, Carlos Romero y José Ignacio San Miguel, y los de CCOO, Agustín Martín y Juan Carlos Álvarez Liébana. Después de valorar las distintas opciones existentes, el holding público empresarial y los sindicatos han convenido proceder en los próximos días a la ejecución voluntaria de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 y 31 de marzo de 2015 con la finalidad de concluir en el menor plazo el proceso de pago.
Con el objetivo de proteger los intereses públicos y una vez logradas las autorizaciones pertinentes, SEPI espera con esta medida evitar la interposición de numerosas demandas individuales con el consiguiente colapso en la administración judicial y eliminar los inconvenientes que las reclamaciones supondrían para este colectivo.
